El ciudadano idiota, divorcio sin amor

La semana que culmina, los ciudadanos debatimos en torno a varios aspectos jurídicos que inciden en nuestro diario vivir y que tuvieron un eco importante en los distintos medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Nos referimos, en particular, al proyecto de ley que modifica el régimen de habeas data y al estudio abordado por la Corte Constitucional sobre las causales de divorcio.

No deja de sorprender cómo, hoy en día, se sigue considerando, de una u otra manera, que el Estado decide mejor que los ciudadanos en torno a su propio destino y que, incluso, puede y debe afectar las libertades que, contrariamente, pregona defender. Pero, además, con el pretexto de proteger a los ciudadanos se terminan incentivando conductas que no son deseables socialmente y que afectan a la generalidad de quienes se busca proteger.

En el primer caso, entre otros aspectos, se busca la modificación de los términos de caducidad de los datos negativos, para que estos solo permanezcan en las centrales de información financiera por el mismo término de la mora y máximo dos años contados a partir del pago o la extinción de la obligación por cualquier otro mecanismo, y en todo caso máximo cinco años contados a partir del momento en que entre en mora la obligación. Al final de tales términos, el dato negativo debe ser eliminado de la base de datos y la calificación de riesgo no podrá incorporar ese dato negativo eliminado ni la causa que lo originó.

Sin necesidad de un profundo análisis, es evidente que lo mencionado en el párrafo anterior incentiva el incumplimiento de obligaciones financieras. Se considera, de manera equivocada, que el dato negativo es una sanción, cuando en realidad lo único que busca es eliminar la asimetría de la información al momento de la toma de decisiones de distinta índole; solo como ejemplo, si un prestamista desconoce la probabilidad de pago de su potencial deudor, debe buscar herramientas que le permitan conocer su comportamiento pasado, para de allí determinar cómo podría comportarse en el futuro. Si su comportamiento ha sido bueno (dato positivo), se esperaría razonadamente que sea cumplido en la nueva obligación; y si, por el contrario, su comportamiento no ha sido el adecuado, esa probabilidad de cumplimiento será menor.

Sin embargo, al eliminarse completamente los datos negativos por cuenta de la caducidad, la información resulta no solo incompleta sino inocua, pues no permitirá conocer el comportamiento previo y menos tratar de predecir el comportamiento futuro.  Los que saldrán perjudicados serán los que tienen el hábito de cumplimiento, pues al no tener la misma posibilidad de calcular el riesgo (o al menos no de la misma manera), los costos de hacerlo y el de las pérdidas esperadas bajo el nuevo escenario se trasladarán a la totalidad de deudores, incluidos los que han cumplido históricamente. En cambio, el incumplido tendrá la posibilidad de volver a obtener recursos y de volver a incumplir.

De otro lado, en lo que tiene que ver con las causales de divorcio, al margen de las consideraciones desde la perspectiva del Derecho Constitucional y desde los cánones religiosos, existe una clara regla de inalienabilidad que impide que los ciudadanos tomen sus propias decisiones en lo que a las relaciones de pareja respecta, que no se justifica desde la eficiencia económica.

No se trata simplemente de si se acabó o no el amor (como fue la forma de abordar el análisis en los medios de comunicación), sino de la necesidad de contar con la voluntad de las personas para permanecer en un vínculo matrimonial; si, por la razón que sea, alguien no desea mantener ese vínculo, no es el Estado el que debe establecer las condiciones y restricciones para poder materializar su decisión. Es más, obligar a alguien a mantener un matrimonio contra su voluntad resulta más bien generador de problemas de salud, conflictos económicos e incluso de violencia doméstica.

En últimas, lo que advertimos es que el Estado considera que cada uno de nosotros es un “ciudadano idiota”, que requiere de su amor paternal para tomar decisiones en nuestro favor, así sepamos que está equivocado.

*Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho y Economía.