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En primer lugar, esta industria de la comida chatarra nos ha hecho creer que existe una norma internacional que obliga a los Estados a adoptar un sistema de etiquetado denominado GDA / Cantidades Diarias Orientativas. Sin embargo, no existe norma que establezca que el GDA sea el sistema universal de etiquetado y mucho menos que deba ser implementado en el país. Por el contrario, es deber de cada Estado adoptar la mejor alternativa para proteger la salud de su población. Este modelo fue creado por la propia industria y está basado en la dieta diaria de una mujer media europea. Por consiguiente, no atiende las necesidades nutricionales de los colombianos y mucho menos la de la población infantil. De otra parte, comprenderlo supone cálculos matemáticos, que incluso algunos nutricionistas no logran hacer correctamente con la información que está presente en los empaques.
En segundo lugar, han advertido que el Congreso de la República no puede legislar sobre esta materia y que, de hacerlo, se estarían transgrediendo tratados comerciales suscritos por Colombia. Esto no es cierto. Por un lado, la Constitución Política establece que a la Ley le corresponde regular la información que la industria debe suministrar a los consumidores. Por otro, la implementación de sellos frontales de advertencia no viola ningún tratado como lo pretende insinuar la industria de comida chatarra. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos y de forma especial los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así lo establecen diversos instrumentos adoptados por el país, que además forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, aún si estuvieran en conflicto, los derechos humanos y en particular los de los menores de 18 años prevalecen sobre los acuerdos comerciales.
Sigue a Cromos en WhatsAppAsí mismo, la industria ha aprovechado la ausencia de una regulación de etiquetado que proteja el derecho a la salud, para maximizar sus utilidades. Hacen declaraciones engañosas sobre sus productos sin advertir los riesgos que conlleva su consumo habitual sobre la salud. Bombardean a los niños con publicidad mentirosa y se valen de todo tipo de ganchos para fidelizarlos desde pequeños. Contratan un ejército de lobistas para que frustren todas las iniciativas que buscan reglamentar el mercado en favor de los consumidores, porque consideran que amenazan sus cuantiosas ganancias. En ningún país que ha adoptado los sellos frontales de advertencia se ha afectado la economía, por el contrario, de acuerdo con la experiencia chilena, dos años después de su implementación, la economía ha crecido el doble y ha logrado su objetivo de promover decisiones de consumo más saludables.
A pesar de todas las acciones desplegadas por la industria y el poder abrumador que concentra en el Congreso, actualmente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se tramita el Proyecto de Ley 214 de 2018 la nueva oportunidad de tener una #LeyComidaChatarra para proteger a niñas, niños y adolescentes de los efectos adversos de la comida chatarra como uno de los factores que más deterioran la calidad de vida y enferman a los colombianos.
Honorables Congresistas debatan y aprueben la #LeyComidaChatarra, la salud de niñas, niños y adolescentes es su prioridad y es primero que los intereses de la industria.
#NoDigasMásMentiras
Esta iniciativa es apoyada por Red PaPaz, Educar Consumidores, Fian Colombia, Corporate Accountability, Anáas, Edulegal, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, Genfami, Alianza por la Salud Alimentaria, IBFAN, CEIP, Salutia, Fundación Mamá Informada, Red de Guardianes de Semillas de Vida, Obusinga, Federación de Medios Comunitarios de Colombia, Red Nacional de Agricultura Familiar, Sociedad Colombiana de Pediatría - Regional Bogotá y Fedesalud.